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ni un embargo falso ni una regulación para mejorar la gestión de purinas de granja de cerdos. Las nuevas medidas del Gobierno de Castilla-La Mancha, que han estado vigentes desde entonces, están siendo opuestas por activistas del vecindario y grupos ambientales que se oponen al ganado industrial. Regulan una industria que representa casi 1.000 millones de dólares anuales y el 7,6% del PIB del país. El Ejecutivo del Socialist Emiliano Garca-Page, que había aprobado el embargo tres años antes, el 31 de diciembre, que dio lugar a la primera protesta de estas organizaciones frente al Palacio de Fuenexa en Toledo, la oficina jurada del gobierno local, se instituyó frente al Palacio de Fuenexa en Toledo. Si estas plataformas «hillside» previamente calificadas para la suspensión, las nuevas regulaciones no han podido ayudar a calmar la ciudad de Castilla-La Mancha, que coexiste con este modelo de ganado industrial.